Los apologistas de García Moreno, procedentes de los grandes feudos y del alto clero, lo proclamaron resurrector de la Patria, ensalzando por todos los medios sus méritos en el progreso de la economía, la construcción de carreteras, de edificios administrativos, etc. Pero nada decían de que todo ello era fruto de la despiadada explotación del pueblo y, en primer término, de los indígenas, su sector más desamparado, carente de los derechos humanos elementales, que constituía la mitad de la población del país. En efecto, en 1871 en el Ecuador se construyeron 250 kilómetros de carreteras y 90 puentes9. El decreto de García Moreno testimonia que el progreso logrado por el Ecuador en la construcción de carreteras se lo debe, ante todo, al sudor y la sangre de los indígenas. El gobierno no pagó a los constructores un solo centavo.

Aparte de los trabajos subsidiarios, los indios debían pagar tributos al Estado y a la Iglesia. Muchos impuestos se conservaban desde el período colonial, otros habían sido instituidos por diferentes presidentes, por lo común conservadores, que se sustituían unos a otros en el poder desde que se proclamó la independencia en 1830. Una de las cargas impositivas más duras y odiadas por los indígenas era la contribución decimal, que se recaudaba a favor de la Iglesia. En realidad, no se trataba de una décima parte, sino de mucho más, ya que las "cuentas" las hacían las autoridades con absoluta arbitrariedad, sin tomar en cuenta para nada qué poseía el indio en realidad. Tratándose de la cosecha, se hacían las cuentas antes, y no después de la misma, o sea, cuando los sembrados estaban en las mejores condiciones. Existía, además, el denominado sistema de "concertaje", que, de hecho, convertía a los indígenas en esclavos. Si los indios no podían pagar todos los impuestos ni hacer las prestaciones, dejaban de ser "libres" para convertirse en "conciertos", o sea, pasaban a subordinarse íntegramente a los dueños terratenientes, que los explotaban a su arbitrio.